Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer viernes a un hombre de 22 años como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en L’Hospitalet de Llobregat en un local okupado de la calle Santa Anna del barrio del centre de la ciudad. Podría ser que el suceso se habría producido después de un enfrentamiento entre bandas latinas, vinculadas al tráfico de drogas.
Este jueves, sobre las 7 de la tarde, la Policía de Catalunya recibió el aviso de una discusión en el interior del local. Seguidamente, se desplazaron varias patrullas y encontraron a una persona muerta con signos de violencia. Los técnicos del SEM no pudieron hacer nada para salvarle la vida.
Este local había albergado una histórica ferretería de la ciudad, y ahora se encuentra en manos de un fondo de inversión desde noviembre de 2017. El Ayuntamiento tenía constancia de su ocupación desde el 3 de octubre de 2023, a raíz de un aviso vecinal. En aquel momento, los Mossos d’Esquadra intervinieron, pero no se pudo evitar la ocupación dado que esta ya se había consolidado, de acuerdo con la legalidad vigente.
El Ayuntamiento y la Guardia Urbana llevaron a cabo un seguimiento de una situación que generaba miedo, inseguridad y preocupación entre el vecindario, en una calle tranquila, y no acostumbrada a este tipo de casuísticas.
La Guardia Urbana a principios del 2024 se personó en el local, ante las quejas de los vecinos, e identificó varias personas que residían y elaboró un informe que se trasladó al departamento de Urbanismo. Posteriormente, agentes de la Guardia Urbana acompañaron técnicos municipales en una inspección con acceso voluntario, que permitió documentar el estado del inmueble e iniciar las actuaciones correspondientes.
Al tratarse de una propiedad privada, cualquier actuación policial en el interior del inmueble requiere una orden judicial. En este sentido, la propiedad informó el Ayuntamiento, el octubre de 2024, que había interpuesto la correspondiente denuncia y que el procedimiento judicial se encontraba en trámite, pendiente de resolución.
Desde hace meses ha habido una presión policial sostenida, con presencia de la Guardia Urbana, según el Ayuntamiento, con controles intensivos y, en determinados periodos, la presencia de una patrulla situada ante el local las 24 horas del día, ejerciendo presión sobre las personas que entran y salen.
A pesar de todas estas actuaciones el triste desenlace fatal, con la muerte de una persona, y el miedo que han pasado los vecinos y vecinas durante muchos meses,nos lleva a reflexionar que habrá que encontrar una solución para que todo esto no vuelva a ocurrir: los políticos tendrán que realizar las reformas legislativas en el congreso de los diputados para agilizar ciertos procesos de desocupación conflictiva. Ayuntamientos, cuerpos de policía, poder judicial, fiscalía, tendrán que realizar un esfuerzo para trabajar conjuntamente, y dar una respuesta a los ciudadanos creíble, y que genere confianza. Así no se puede vivir.
