Los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal han detenido a 50 personas, 48 hombres y dos mujeres, en una investigación contra una organización criminal dedicada presuntamente a facilitar la entrada irregular de personas migrantes en el Estado ya regularizar de forma administrativa a las personas que ya se encontraban en el territorio mediante contrataciones laborales fraudulentas.
Por la estructura y el volumen de actividad detectado, se trata de la mayor investigación que han desarrollado hasta ahora los Mossos d’Esquadra contra un entramado criminal especializado en la gestión irregular de autorizaciones de residencia y trabajo de personas migrantes.
La investigación ha acreditado la existencia de una estructura estable, activa desde 2019, jerarquizada y con un reparto definido de funciones, asentada principalmente en Cataluña, y con ramificaciones en Pakistán. Los miembros actuaban presuntamente como intermediarios entre ciudadanos paquistaníes interesados en obtener autorizaciones de residencia y trabajo, y empresarios dispuestos a facilitar contratos laborales y documentación instrumental a cambio de contraprestaciones económicas.
Una investigación iniciada a partir de documentación intervenida en un caso anterior
La investigación comenzó a raíz del análisis de la documentación encontrada durante las entradas y registros efectuadas a finales de febrero de 2024 en una investigación anterior relacionada con delitos de tráfico de seres humanos con finalidad de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de blanqueo de capitales, y de organización.
Una de las entradas se practicó en una gestoría de Barcelona, donde el principal investigado de aquella causa había tramitado expedientes fraudulentos de contratación en origen y contratos laborales falsos.
El análisis forense de los equipos informáticos intervenidos permitió detectar la existencia de una nueva organización criminal con integrantes afincados en Barcelona y su área de influencia, así como con colaboradores ubicados en Pakistán.
Captación de personas en Pakistán y simulación de relaciones laborales
Según la investigación, la organización captaba a personas en Pakistán interesadas en trasladarse y trabajar a España. Ofrecía a estas personas la posibilidad de obtener un visado de trabajo y una autorización de residencia a cambio de cantidades económicas elevadas.
En paralelo, la red también estaba dirigida a personas que ya se encontraban en el territorio en situación irregular y que buscaban regularizarla mediante contratos laborales simulados.
Para ello, los investigados presuntamente confeccionaban documentación necesaria para tramitar expedientes de contratación en origen, incluyendo registros civiles y otros documentos requeridos en los procedimientos administrativos. Asimismo contaban con la participación de empresarios que aportaban sus empresas como destino laboral de los trabajadores y facilitaban la documentación requerida para tramitar los expedientes.
La investigación ha constatado que la organización asumía todas las fases del proceso, desde captar a las víctimas y hacer de intermediarios con empresarios, hasta tramitar los expedientes y formalizar los contratos de trabajo.
Beneficios económicos y contrataciones ficticias
Los investigadores han acreditado que la actividad ilícita generaba importantes beneficios económicos para los miembros de la red. Las personas que se encontraban en Pakistán abonaban cantidades que podían alcanzar los 30.000 euros para obtener el visado, documentación administrativa, empadronamiento y contrato de trabajo necesario para acceder al territorio estatal.
Por otra parte, las personas que ya se encontraban en España en situación administrativa irregular pagaban hasta 8.000 euros por acceder a contratos de trabajo simulados que les permitieran iniciar procesos de regularización.
Los empresarios participantes también percibían contraprestaciones económicas para facilitar a las empresas o la documentación laboral requerida para los expedientes.
Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la organización habría tramitado un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los cuales 108 obtuvieron una resolución favorable. Sólo por los 108 expedientes favorables analizados, los investigadores estiman que la organización podría haber obtenido más de 3,2 millones de euros. Sin embargo, esta cifra no incluye los expedientes denegados o archivados, ni tampoco las tramitaciones vinculadas a personas que ya se encontraban en España.
La investigación ha constatado que en algunos casos las personas contratadas terminaban desarrollando actividades laborales en condiciones precarias o cercanas a la explotación laboral. En otros casos, la relación laboral era meramente ficticia y finalizaba poco después de obtener las autorizaciones administrativas o incluso no llegaba a materializarse.
Doce miembros de la organización criminal y sesenta y dos empresarios investigados
Las gestiones de investigación han identificado a 12 presuntos miembros de la organización criminal. Éstos asumían funciones de captación, intermediación, gestión documental y coordinación de las diferentes fases necesarias para tramitar los expedientes fraudulentos.
Asimismo, los investigadores han identificado hasta 62 empresarios vinculados a actividades económicas diversas, entre ellas establecimientos de alimentación, negocios de restauración, empresas de reformas o talleres mecánicos, que presuntamente habrían facilitado sus sociedades mercantiles para tramitar irregularmente los expedientes de contratación necesarios para obtener las correspondientes autorizaciones administrativas
Dispositivo policial desarrollado en dos fases
El dispositivo policial se ha efectuado en dos fases los días 26 y 27 de octubre, contando con la participación de 81 efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC), sobre todo de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos (UCTEH) y del Área Central de Crimen Organizado (ACCOR).
La mayoría de las detenciones se han practicado en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, así como en Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts.
El conjunto de la investigación ha permitido detener a 7 presuntos miembros de la organización criminal, tres de los cuales han ingresado en prisión. En cuanto a los empresarios presuntamente relacionados con las tramitaciones fraudulentas, los investigadores han detenido a 43.
A los presuntos miembros de la organización se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad documental. En cuanto a los empresarios detenidos, se les achacan presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad documental.
La investigación, tutelada por la plaza 27 sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y por la Fiscalía de Tráfico de Personas y Extranjería de Barcelona, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones policiales relacionadas con los hechos investigados.
Lucha contra el tráfico de seres humanos
Este tipo de actividades delictivas afectan a menudo a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y, en consecuencia, pueden facilitar la aparición de situaciones de explotación laboral o de tráfico de seres humanos.
Los Mossos d’Esquadra refuerzan la lucha contra el tráfico de seres humanos y ponen a disposición de la ciudadanía dos canales de contacto: el correo [email protected] y un código QR que lleva al siguiente enlace (en inglés, castellano y catalán) que permiten contactar de forma rápida y directa con la policía para aportar información sobre posibles casos de situación.
En muchos casos, las víctimas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, marcadas por el aislamiento social, el desconocimiento de los recursos de asistencia existentes, las barreras idiomáticas o las amenazas y coacciones que ejercen sus explotadores. La información que aporta la ciudadanía resulta, por tanto, esencial para identificar posibles casos, activar los mecanismos de protección y garantizar la asistencia adecuada a las personas afectadas.
